domingo, 25 de octubre de 2026
sábado, 10 de octubre de 2026
¡La cultura en Rafael Uribe la construimos todos!. Están invitados.
¡Hola, Veci de Rafael Uribe Uribe!
La cultura de nuestra localidad la construimos entre todos.
Te invitamos a participar en la Charla Barrial 2.0 y ser el verdadero protagonista de este encuentro.
Es tu momento de influir en las decisiones culturales de nuestro barrio.
- Punto de encuentro A: Plaza de Colpensiones – Carrera 15 Bis con Calle 27A-16 Sur
- Punto B: CDC Colinas – Carrera 13B # 31G - 40 Sur
Fecha: Martes, 13 de octubre
Hora: 4:30 p.m. (Inicio del recorrido al punto B)
Inscríbete y confirma tu asistencia aquí:
¡Contamos contigo, no faltes!
sábado, 3 de octubre de 2026
Una ciudadanía que comprende cómo se construye la información, tiene más herramientas para decidir libremente

Veamos como opera en el tiempo una granja de bots.
Una precisión importante: 1.000 celulares no equivalen automáticamente a 1.000 personas ni a 1.000 votos.
Esta investigación muestra
que los bots pueden desempeñar un papel importante en las primeras fases de
difusión, exponiendo el contenido a personas reales, que luego lo comparten;
también intervienen los algoritmos, las cuentas influyentes y, eventualmente,
otros medios.
LÍNEA DEL TIEMPO
Del bot a la percepción colectiva
FASE 0 — EL DISEÑO
Actor: el operador / arquitecto de la campaña
Antes de que aparezcan los 1.000 celulares existe una
decisión humana: qué mensaje introducir, qué emoción provocar y qué objetivo
político perseguir.
Aquí nace la narrativa: una afirmación, imagen,
video, acusación, temor, esperanza o consigna diseñada para captar atención.
El Arquitecto de la Narrativa
FASE 1 — LOS 1.000
Actor: la granja de bots
Supongamos, como modelo didáctico, 1.000 dispositivos o cuentas automatizadas. No significa necesariamente que existan 1.000 individuos. Una misma estructura puede controlar numerosos perfiles.
Su función inicial puede ser generar simultáneamente:
- publicaciones;
- comentarios;
- respuestas;
- menciones;
- tendencias
artificiales;
- interacción
entre cuentas.
El objetivo de esta primera fase es conseguir algo fundamental: hacer que un mensaje parezca más popular de lo que realmente es.
La investigación de Nature Communications encontró
que los bots pueden intervenir especialmente temprano en la difusión de
contenidos de baja credibilidad y dirigir mensajes hacia usuarios con muchos
seguidores.
Nombre: Núcleo de Simulación
FASE 2 — EL PRIMER ECO
Actor: los usuarios humanos expuestos
Aquí ocurre el salto decisivo. Una persona real encuentra el contenido y piensa: “Esto debe ser cierto; tanta gente lo está diciendo.” Lo comparte con sus contactos. Ya no estamos ante una difusión exclusivamente artificial.
El bot produce la primera señal; el ser humano comienza a
reproducirla.
La investigación citada encontró precisamente este fenómeno:
personas reales pueden volver a compartir contenidos inicialmente difundidos
por cuentas automatizadas, produciendo una amplificación superior a la
actividad de los propios bots.
Nombre: Amplificadores Humanos
FASE 3 — LA VALIDACIÓN SOCIAL
Actor: la red de confianza. El mensaje comienza a aparecer:
Bot → amigo → familiar → compañero → grupo de WhatsApp →
comunidad → influencer.
Aquí entra un mecanismo psicológico y social muy poderoso: “Si muchas personas que conozco lo dicen, debe ser verdad.” No necesariamente se verifica la información; se valida socialmente.
Los estudios sobre cámaras de eco han encontrado que los
rumores pueden propagarse con mayor rapidez y viralidad dentro de comunidades
que comparten intereses o posiciones similares.
Nombre: La Cámara de Eco
FASE 4 — EL ALGORITMO. Actor: los sistemas de recomendación y distribución
Ahora aparece un actor que no necesariamente creó el mensaje: el algoritmo.
Cuando una publicación recibe muchas interacciones, puede obtener mayor visibilidad dependiendo del funcionamiento de la plataforma. Así puede producirse un circuito:
más interacción → más visibilidad → más exposición → más
interacción.
La información deja de depender únicamente de los 1.000
dispositivos originales.
Nombre: El Multiplicador Algorítmico
FASE 5 — LOS SUPERDIFUSORES. Actor: influencers, cuentas grandes y líderes de comunidades
El mensaje llega a cuentas que tienen miles o millones de seguidores. Aquí se produce otro salto:
1 cuenta influyente → cientos de miles de personas
potencialmente expuestas.
La investigación sobre bots encontró que estos pueden
dirigirse precisamente hacia usuarios influyentes mediante menciones y
respuestas.
Nombre: Los Superdifusores
FASE 6 — LA ECOLOGÍA MEDIÁTICA. Actor: medios digitales, tradicionales y creadores de contenido
Ahora puede ocurrir algo todavía más importante. Un periodista, portal, programa, influencer o medio detecta que un asunto está siendo muy comentado y decide cubrirlo. Entonces se produce:
granja de bots → usuarios → redes → tendencia → medios →
nueva audiencia.
Y aquí aparece una paradoja: El medio puede estar informando legítimamente sobre algo que originalmente fue impulsado artificialmente. Es decir, la cobertura mediática puede convertirse involuntariamente en una nueva capa de amplificación.
Nombre: El Amplificador Mediático
FASE 7 — LA NORMALIZACIÓN. Actor: la opinión pública expuesta repetidamente
Después de recibir el mismo mensaje muchas veces, algunas personas pueden comenzar a percibirlo como familiar o ampliamente aceptado. Ya no recuerdan necesariamente dónde lo vieron por primera vez. La cadena original se vuelve invisible. “Lo he visto en todas partes.” Y esa percepción de omnipresencia puede ser más importante que el origen del mensaje.
Nombre: La Normalización de la Narrativa
FASE 8 — LA POLARIZACIÓN
Actor: comunidades y públicos segmentados
La narrativa puede ser adaptada a diferentes grupos:
- miedo;
- indignación;
- esperanza;
- identidad;
- rechazo;
- patriotismo;
- inseguridad;
- corrupción;
- religión;
- economía;
- nacionalismo.
La misma narrativa puede adquirir diferentes formas para
distintos públicos.
Nombre: La Segmentación Emocional
FASE 9 — LA CONVERSIÓN. Actor: ciudadano expuesto
Aquí se produce el cambio fundamental: información → percepción → opinión → actitud → comportamiento.
Nombre: La Conversión de Percepción
FASE 10 — EL MOMENTO ELECTORAL. Actor: el elector
Llegamos finalmente al punto que interesa a la comunidad.
la decisión individual.
La cadena podría representarse así: 1.000 cuentas/dispositivos↓Núcleo de Simulación ↓ Amplificadores Humanos ↓Cámaras de Eco ↓Multiplicador Algorítmico ↓Superdifusores , Amplificador Mediático↓Normalización de la Narrativa↓Segmentación Emocional↓Percepción colectiva↓Decisiones individuales
Y aquí yo haría una distinción fundamental:
La granja no “elige” al candidato. Construye condiciones de visibilidad, percepción y conversación que pueden favorecer o perjudicar esta opción.
La fórmula de Dominio de MENTE
Podríamos resumir todo el proceso mediante una fórmula
visual:
BOT → HUMANO → RED → ALGORITMO → INFLUENCER → MEDIO →
SOCIEDAD → PERCEPCIÓN → CONDUCTA
O, en lenguaje más pedagógico: Lo que comienza como una señal artificial puede terminar pareciendo una opinión espontánea de la sociedad. Y esta sería, a mi juicio, una de las ideas centrales de la investigación.
La evidencia disponible respalda especialmente las primeras
fases: los bots pueden proporcionar un impulso inicial desproporcionado y los
ciudadanos pueden convertirse en amplificadores posteriores. Además,
investigaciones recientes sobre cascadas informativas muestran que la
propagación combina mecanismos sociales y algorítmicos y puede adquirir una
dinámica semejante a una “avalancha” informativa.
Una denominación general para todo el fenómeno. Para este Dominio de MENTE, podríamos llamarlo: LA CASCADA DE AMPLIFICACIÓN EMOCIONAL y dividirla en cinco grandes territorios:
SIMULACIÓN → CONTAGIO → AMPLIFICACIÓN → NORMALIZACIÓN →
CONVERSIÓN
Eso nos permite pasar de la simple idea de una granja de bots a explicar cómo una señal artificial puede transformarse progresivamente en una realidad social percibida, que determina resultados.
jueves, 1 de octubre de 2026
Fernando Cerimedo y las redes digitales, ¿influyen en la política latinoamericana?
El caso del consultor argentino vuelve a poner bajo la lupa el uso de redes sociales, cuentas automatizadas y estrategias digitales en las campañas políticas de América Latina.
¿Hasta qué punto las tendencias que vemos diariamente en las redes sociales representan realmente lo que piensa la ciudadanía?
El caso del consultor político argentino Fernando Cerimedo vuelve a plantear esta pregunta y pone en discusión el creciente papel de las operaciones digitales en los procesos electorales latinoamericanos.
Cerimedo ha sido presentado durante los últimos años como estratega y consultor de campañas políticas en distintos países de la región. En declaraciones públicas, él mismo ha atribuido a su equipo participación en campañas electorales de América Latina.
En una de esas intervenciones afirmó:
“2025 fue un año muy complicado para los consultores, pero nos fue muy bien. Junto con nuestro equipo ganamos dos elecciones”.
En esa misma declaración mencionó su participación en Bolivia y Honduras y sostuvo que su equipo había contribuido a resultados electorales que calificó como importantes.
Estas declaraciones adquieren especial relevancia frente a las informaciones que posteriormente han circulado sobre investigaciones relacionadas con Cerimedo y sobre el funcionamiento de estructuras digitales utilizadas para intervenir en la conversación política.
¿Cómo funcionan las llamadas granjas de bots?
Una granja de bots es una infraestructura destinada a gestionar numerosas cuentas digitales, algunas automatizadas y otras operadas de manera coordinada. Estas herramientas pueden utilizarse para publicar contenidos, replicar mensajes, generar interacciones artificiales o amplificar determinadas etiquetas y temas.
El objetivo no siempre consiste en convencer directamente a una persona.
Una operación coordinada puede intentar influir en los algoritmos de las plataformas, haciendo que determinados contenidos obtengan una visibilidad mucho mayor de la que tendrían mediante la interacción espontánea de usuarios reales.
De esta manera, un asunto inicialmente minoritario puede adquirir apariencia de tendencia; una opinión puede parecer mayoritaria y una controversia puede crecer artificialmente.
La cuestión central, por tanto, no es solamente quién publica un mensaje, sino quién lo amplifica, mediante qué mecanismos y con qué recursos.
Del usuario real a la falsa sensación de mayoría
Las redes sociales funcionan, en buena medida, mediante sistemas algorítmicos que seleccionan y amplifican contenidos a partir de variables como interacción, velocidad de difusión y comportamiento de los usuarios.
Una operación coordinada puede intentar aprovechar esas reglas.
Si miles de cuentas publican o comparten simultáneamente un determinado mensaje, el sistema puede interpretar que existe un elevado interés alrededor de ese contenido.
El resultado puede ser una apariencia de movilización ciudadana que no necesariamente corresponde con el tamaño real de la opinión existente fuera de las plataformas.
Por eso, detrás de una tendencia digital aparentemente espontánea pueden existir diferentes escenarios: una movilización ciudadana genuina, una campaña organizada de comunicación, una operación de propaganda o una combinación de estos elementos.
Cerimedo y las campañas latinoamericanas
Cerimedo ha hablado públicamente sobre su participación en diferentes procesos electorales y ha mencionado a dirigentes políticos de varios países.
Entre los nombres relacionados públicamente con su actividad aparecen campañas y figuras políticas de Argentina, Bolivia y Honduras, entre otros países.
Sin embargo, atribuirle directamente el resultado de una elección o afirmar que una determinada campaña fue manipulada mediante bots exige pruebas específicas para cada caso.
Una cosa es que un consultor reivindique su participación en una campaña y otra, diferente, demostrar que una estructura digital haya manipulado la voluntad electoral de millones de personas.
Esta distinción resulta fundamental para comprender el alcance real del caso.
El próximo escenario: México
Uno de los aspectos que mayor atención ha generado es la posibilidad de que estructuras de comunicación política digital intenten intervenir en la conversación pública mexicana.
En declaraciones difundidas recientemente, personas vinculadas a estas investigaciones han señalado que Cerimedo habría tenido interés en participar en la disputa política mexicana y en atacar digitalmente al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Estas afirmaciones deben ser contrastadas con documentos, investigaciones oficiales y otras fuentes independientes antes de presentarlas como hechos comprobados.
Lo que sí resulta verificable es que México constituye un escenario de enorme importancia política y que las redes sociales desempeñan allí un papel cada vez más relevante en la formación de opinión pública.
Una estructura que podría sobrevivir a sus operadores
El aspecto más importante del caso quizá no sea la figura individual de Cerimedo, sino la posibilidad de que existan estructuras tecnológicas, financieras y comunicacionales capaces de sobrevivir al reemplazo de sus operadores.
Una granja de bots, una red de cuentas coordinadas o una empresa dedicada a la comunicación política no desaparecen necesariamente porque uno de sus integrantes sea investigado o detenido.
La tecnología puede continuar funcionando. Las cuentas pueden ser reemplazadas. Los operadores pueden cambiar y las estrategias pueden trasladarse de un país a otro.
Por eso, la discusión sobre Cerimedo también abre una pregunta más amplia: ¿están preparados los sistemas democráticos latinoamericanos para enfrentar operaciones digitales coordinadas capaces de alterar artificialmente la conversación pública?
La nueva batalla política se libra también en las pantallas
Durante décadas, la disputa política estuvo concentrada principalmente en plazas públicas, medios impresos, radio y televisión. Hoy, buena parte de esa batalla ocurre en teléfonos celulares y plataformas digitales.
El ciudadano recibe diariamente miles de mensajes, videos, titulares, memes y comentarios.
Algunos son producidos por periodistas. Otros por partidos políticos, empresas, activistas o ciudadanos. Y otros pueden ser generados o amplificados mediante sistemas automatizados.
La dificultad consiste en distinguir entre participación ciudadana auténtica y operaciones coordinadas destinadas a fabricar una percepción determinada.
Por eso, la alfabetización digital y la verificación de información adquieren una importancia creciente.
Más allá de Cerimedo
El caso Fernando Cerimedo debería ser analizado más allá de simpatías o diferencias ideológicas.
La pregunta fundamental no es solamente a qué sector político beneficia una determinada operación digital.
La pregunta es si un pequeño grupo de operadores, mediante dinero, tecnología y redes automatizadas, puede influir artificialmente en aquello que millones de ciudadanos creen que está pensando la sociedad.
Si la respuesta fuera afirmativa, el problema trascendería a cualquier partido, candidato o gobierno.
La democracia necesita ciudadanos informados y capaces de distinguir entre una opinión auténtica, una campaña legítima de comunicación política y una operación coordinada de manipulación.
En un escenario donde cada teléfono puede convertirse simultáneamente en receptor, productor y amplificador de información, comprender cómo funcionan las redes resulta también una forma de defender el derecho ciudadano a formar su propia opinión.
Y esa quizá sea la principal lección que deja, por ahora, el caso Cerimedo: antes de creer que una tendencia representa necesariamente “lo que piensa la gente”, conviene preguntarse quién la inició, quién la amplificó, con qué recursos y qué intereses existen detrás de ella.
lunes, 28 de septiembre de 2026
jueves, 10 de septiembre de 2026
HACIENDA LOS MOLINOS RECLAMA SOLUCIÓN POR COBROS DEL ACUEDUCTO
Habitantes del barrio Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, realizaron un plantón para exigir al Acueducto de Bogotá una solución frente a los cobros que consideran injustificados y la devolución de los dineros pagados en exceso.
La jornada se cumplió como estaba prevista y tuvo como propósito llamar la atención de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sobre la situación que, según los habitantes, ha afectado económicamente a varias familias del sector.
De acuerdo con un comunicado de la oficina de prensa de la concejala Rocío Dussán, la EAAB reconoció que su sistema presentó errores en el cálculo de los subsidios, situación que habría generado cobros superiores a los que correspondían en más de 125 cuentas contrato del barrio.
Según la misma información, los ajustes reconocidos por la Empresa superarían los 30 millones de pesos, mientras que en algunos casos los valores correspondientes a cada familia superarían los 900.000 pesos
Un barrio con particulares condiciones
Hacienda Los Molinos es señalado en el comunicado como un asentamiento de origen informal. De acuerdo con lo expuesto, sus habitantes no cuentan con una prestación formal del servicio de alcantarillado y reciben el agua mediante redes comunitarias construidas por ellos mismos, utilizando mangueras y conexiones artesanales.
En este contexto, los habitantes cuestionan que se hayan presentado errores en la facturación relacionados con el cálculo de los subsidios.
El problema con los subsidios
En respuesta a un derecho de petición, la EAAB habría reconocido que actualizó correctamente el número de unidades habitacionales de los predios. Sin embargo, según la respuesta citada por la concejala, el sistema no calculó correctamente el subsidio correspondiente al estrato 2.
Esto habría ocasionado que algunas facturas fueran liquidadas aplicando el subsidio y otras sin tenerlo en cuenta.
El documento relacionaría cerca de 30 millones de pesos en ajustes, correspondientes a más de 125 cuentas contrato, con casos individuales superiores a los 900.000 pesos.
Reclamo de los habitantes
Los residentes del sector denunciaron la situación y manifestaron su inconformidad por haber realizado pagos durante meses sin conocer que se estaban presentando inconsistencias.
“Llevábamos meses pagando de más sin que nadie nos explicara nada”, manifestó un habitante del barrio.
Otra residente reclamó la devolución completa de los recursos: “Queremos que nos devuelvan hasta el último peso, no un descuento a medias”.
Control político
La concejala Rocío Dussán anunció que realizará control político sobre el caso y solicitará a la EAAB un informe completo que permita establecer cuántas familias fueron afectadas en toda Bogotá y no solamente en Hacienda Los Molinos.
También solicitará explicaciones sobre las razones por las cuales se produjo la falla en el sistema de facturación y durante cuánto tiempo se presentó la situación.
“Devolver lo cobrado de más no puede depender de que el ciudadano descubra el error; la Empresa tiene que decirle a Bogotá cuántas familias fueron afectadas, cuánto dinero les debe y cuándo y cómo lo va a devolver”, afirmó la concejala.
Dussán también manifestó que los recursos de los usuarios no deberían permanecer en las cuentas del Distrito cuando correspondan a cobros realizados de manera incorrecta.
La exigencia
La concejala Rocío Dussán, junto con la comunidad, lidera una firmatón relacionada con un derecho de petición dirigido a la EAAB, mediante el cual se exige una solución frente a los sobrecostos y la devolución de los recursos a las familias afectadas.Los habitantes de Hacienda Los Molinos esperan una respuesta de la Empresa de Acueducto que permita establecer con claridad el alcance de los cobros, los valores que deben ser reconocidos y la forma en que se dará solución a la situación.Más allá de las posiciones expresadas por las partes, el caso deja sobre la mesa una pregunta que corresponde responder a la empresa pública: si el sistema de facturación cometió un error, ¿cómo y cuándo serán restituidos a los usuarios los recursos cobrados de más?miércoles, 9 de septiembre de 2026
¿Una sola voz desde el gobierno?
Las decisiones que inquietan a la prensa colombiana
Bogotá. Una pregunta comienza a tomar fuerza en distintos sectores del periodismo colombiano: ¿está el nuevo Gobierno modificando su relación con los medios de comunicación hasta el punto de restringir el acceso de la prensa a sus funcionarios y reducir los espacios para las preguntas?
La inquietud no surge de un solo episodio. En las últimas semanas se han producido varias decisiones y anuncios que, vistos por separado, pueden tener explicaciones administrativas o empresariales, pero que juntos han abierto un debate sobre la libertad de información y el papel de los medios en una democracia.
Uno de los primeros episodios fue la suspensión temporal de la programación regional e informativa de las 20 Emisoras de Paz. Desde el 18 de agosto esas emisoras dejaron temporalmente sus contenidos habituales y pasaron a una programación centralizada. La medida generó cuestionamientos de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, la MOE y AMARC.
Posteriormente, 16 de esas emisoras retomaron su programación local desde el 7 de septiembre, aunque bajo una nueva denominación: Emisoras de la Reconciliación. La propia administración de Inravisión sostiene que la renovación busca fortalecer la relación con las comunidades, la participación y la construcción de paz.
Es decir, no puede afirmarse que las emisoras hayan sido definitivamente silenciadas. Pero tampoco puede ignorarse que durante varias semanas las comunidades perdieron sus espacios habituales de producción y difusión de información territorial.
Una nueva controversia: ¿quién puede preguntar?
El segundo episodio es quizá más delicado.
Una investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló el contenido de un acta de reuniones entre responsables de comunicaciones de diferentes ministerios y la oficina de comunicaciones de la Presidencia.
Según esa publicación, se impartieron instrucciones para que, por el momento, no se concedieran ruedas de prensa ni entrevistas a medios considerados “no amigos”, salvo cuando se tratara de asuntos estratégicos previamente autorizados por la Presidencia.
La misma directriz habría establecido que los ministros podrían hacer declaraciones durante eventos y recorridos oficiales, pero sin responder preguntas de los periodistas. También se habría restringido la participación de viceministros como voceros del Gobierno.
De confirmarse plenamente el alcance de estas instrucciones, el asunto tendría una dimensión que va más allá de una estrategia de comunicación institucional.
Porque una cosa es que un Gobierno organice sus mensajes y determine quiénes serán sus voceros. Y otra muy diferente es seleccionar a qué medios se les permite preguntar y cuáles quedan excluidos por no ser considerados “amigos”.
La diferencia es sustancial.
La comunicación como mensaje controlado
La investigación periodística también señala que la Presidencia habría establecido una narrativa común para las comunicaciones gubernamentales, con expresiones destinadas a transmitir esperanza, reconstrucción y la idea de una “Patria Milagro”.
Además, los ministerios deberían canalizar su información mediante sus cuentas institucionales y someter determinados contenidos a una cadena de revisión antes de su divulgación.
Una estrategia de comunicación coordinada no es, por sí misma, antidemocrática. Todos los gobiernos tienen derecho a organizar su comunicación institucional.
El problema aparece cuando la coordinación se convierte en control de las preguntas, selección de periodistas o exclusión de medios por razones políticas.
Ahí la discusión deja de ser solamente comunicativa y entra directamente en el terreno de la libertad de prensa.
¿Y Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo?
La denuncia también menciona la salida del aire de las periodistas Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo.
Aquí es necesario hacer una precisión fundamental.
Ambas hacían parte de Mañanas Blu, programa de Blu Radio. La programación continuó hasta finales de agosto y existen registros del programa conducido por Zuluaga hasta el 31 de agosto.
Por tratarse de un medio privado, no sería correcto afirmar sin pruebas que el Gobierno las “sacó del aire”.
Podrían existir presiones políticas, decisiones empresariales, razones económicas, cambios de programación u otras circunstancias. Para establecer una relación causal con el Gobierno sería necesario contar con pruebas concretas.
La prudencia periodística exige, por ahora, mantener ese asunto como una pregunta abierta y no como una conclusión.
El debate que no podemos eludir
Hay, sin embargo, una cuestión que permanece.
La Constitución colombiana protege la libertad de expresión y el derecho a informar y recibir información. En una democracia, la relación entre Gobierno y periodistas no debería depender de la simpatía política del medio.
El periodista no está para ser amigo del Gobierno.
Está para preguntar.
Y precisamente porque puede incomodar, cuestionar, confrontar cifras, investigar decisiones y poner en duda las versiones oficiales, la prensa cumple una función democrática que no puede sustituirse por comunicados institucionales ni por mensajes cuidadosamente preparados.
Un Gobierno puede decidir quién habla en su nombre.
Lo que resulta mucho más problemático es que pretenda decidir quién puede preguntarle.
¿Estamos ante un intento de controlar la información?
Todavía sería apresurado afirmar que Colombia se encuentra ante una política sistemática de censura.
Pero tampoco sería responsable ignorar las señales que están apareciendo.
La suspensión temporal de la programación territorial de las Emisoras de Paz, la profunda reestructuración del sistema de medios públicos y, especialmente, las directrices reveladas sobre el relacionamiento con medios considerados “no amigos” justifican que periodistas, organizaciones de libertad de prensa y ciudadanía mantengan una vigilancia democrática sobre la actuación del Gobierno.
La pregunta no debería ser si un Gobierno tiene derecho a defenderse de medios críticos.
Naturalmente que lo tiene.
La verdadera pregunta es otra:
¿Puede un Gobierno democrático escoger qué periodistas tienen derecho a preguntar y cuáles deben limitarse a escuchar?
La respuesta debería preocuparnos a todos, independientemente de la posición política.
Porque la democracia no consiste en que el Gobierno hable y los ciudadanos escuchen.
La democracia necesita múltiples voces, preguntas incómodas, contradicción, investigación y acceso a información diversa.
Cuando solamente una voz decide qué se informa, quién lo informa y qué preguntas pueden hacerse, el problema ya no pertenece solamente a los periodistas.
Pertenece a toda la sociedad.
Y por eso esta discusión merece continuar, con hechos comprobables, documentos sobre la mesa y sin convertir la defensa de la libertad de prensa en una bandera partidista.
Porque la libertad de informar no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Pertenece a la ciudadanía.
EMISORAS DE PAZ: ENTRE LA REORGANIZACIÓN OFICIAL Y EL DERECHO DE LAS REGIONES A SER ESCUCHADAS
La decisión del nuevo Sistema de Medios Públicos abrió un debate nacional sobre libertad de información, comunicación territorial y cumplimiento del Acuerdo de Paz
Bogotá. Lo que comenzó el 18 de agosto como una suspensión temporal de la programación habitual de las Emisoras de Paz terminó convirtiéndose en uno de los primeros grandes debates sobre libertad de información durante el nuevo Gobierno.
La medida fue impartida por la nueva administración de Inravisión —antes RTVC—, encabezada por Ángela María Mora Soto. La instrucción había sido comunicada el 17 de agosto y significó que las 20 Emisoras de Paz dejaran temporalmente sus espacios informativos, culturales, pedagógicos y regionales para transmitir una programación musical centralizada desde Bogotá. La decisión también alcanzó a 11 emisoras descentralizadas de Radio Nacional de Colombia.
No se trató, técnicamente, de un apagón de las frecuencias. Las emisoras continuaron transmitiendo. Lo que cambió fue su contenido: las voces producidas desde los territorios dejaron de ocupar temporalmente el espacio habitual en la programación.
Y allí aparece la pregunta de fondo: ¿puede una reorganización administrativa de los medios públicos terminar afectando el derecho de las comunidades a recibir información desde sus propios territorios?
Emisoras nacidas de la paz
Las 20 Emisoras de Paz no son unas emisoras públicas convencionales.
Su origen se encuentra en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz de 2016, que contempló herramientas de difusión y comunicación destinadas a fortalecer la información regional, la pedagogía sobre el Acuerdo, la convivencia y la reconciliación.
Estas emisoras fueron instaladas precisamente en territorios profundamente afectados por el conflicto armado y tienen entre sus propósitos dar espacio a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas, organizaciones sociales y procesos comunitarios.
Para la FLIP, la suspensión de la programación informativa y territorial restringió el acceso a información local de más de 463.000 personas en municipios PDET. La organización, junto con otras entidades defensoras de la libertad de prensa, reclamó el restablecimiento de la programación.
La Defensoría del Pueblo también pidió reevaluar la decisión y destacó la importancia de mantener la programación regional de estas emisoras.
¿Por qué el Gobierno tomó la decisión?
La nueva administración de Inravisión argumentó que recibió un Sistema de Medios Públicos que debía ser revisado integralmente.
Entre las medidas anunciadas estuvo la revisión de contenidos, contratos y formatos, con el propósito declarado de transformar el sistema y evitar que los medios públicos fueran utilizados como instrumento político.
La nueva administración sostuvo que la futura programación tendría como pilares la cultura, el arte y la educación, y que buscaría reconocer la diversidad regional y dar espacio a las diferentes voces del país.
El Gobierno también cuestionó aspectos administrativos y contractuales de la anterior administración. Sin embargo, una cosa es investigar posibles irregularidades y otra diferente es demostrar que las Emisoras de Paz, como tales, hayan incurrido en ellas.
Precisamente por eso, la discusión pública no puede confundirse: la revisión administrativa de un medio estatal no elimina el derecho de las comunidades a recibir información.
La alerta de quienes defienden la libertad de prensa
La Fundación para la Libertad de Prensa expresó preocupación no solamente por la suspensión de la programación, sino también por las afirmaciones de funcionarios y dirigentes políticos que calificaron las Emisoras de Paz como instrumentos de propaganda de las antiguas FARC o del ELN.
La FLIP advirtió que este tipo de señalamientos puede estigmatizar a periodistas y comunidades y aumentar los riesgos para quienes trabajan en regiones afectadas históricamente por la violencia.
El entonces director de Radio Nacional de Colombia, Alexei Castaño, también defendió públicamente la importancia de la radio pública territorial, especialmente en momentos de emergencia, cuando la comunicación con las regiones puede ser determinante para las comunidades.
La justicia intervino
El debate llegó a los tribunales.
El senador Iván Cepeda promovió una acción de tutela argumentando una posible vulneración de los derechos a la libertad de expresión, información y paz.
El Juzgado 32 de Ejecución de Penas de Bogotá, sin embargo, negó la tutela. Según la información divulgada por el Ministerio TIC y por Inravisión, el despacho consideró que no existió un acto administrativo destinado a eliminar o clausurar las Emisoras de Paz, que las señales nunca dejaron de transmitirse y que el cambio correspondió a un esquema transitorio de reorganización de la programación.
Este elemento es fundamental: la justicia no calificó la medida como censura.
Por ello, periodísticamente no sería correcto afirmar que quedó demostrado que el Gobierno incurrió en censura.
Pero tampoco desaparece la discusión sobre el derecho a la información.
Las emisoras regresaron, pero con otro nombre
La situación tuvo una nueva modificación en septiembre.
Desde el 7 de septiembre, 16 estaciones que anteriormente eran conocidas como Emisoras de Paz comenzaron una nueva etapa bajo el nombre “Emisoras de la Reconciliación”, con programación local renovada, según informó oficialmente Inravisión.
Sin embargo, cuatro estaciones —Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta— quedaron sometidas a un cese de emisión debido, según la explicación oficial, a problemas relacionados con los requisitos legales de sus concesiones.
Inravisión sostiene que esas cuatro emisoras fueron puestas en funcionamiento en 2024 sin que hubiera culminado el trámite de las concesiones correspondientes y que permanecerán fuera del aire hasta que se subsane la situación jurídica.
El verdadero debate
Más allá de la disputa política entre el Gobierno anterior y el actual, existe una pregunta que interesa a todos los colombianos:
¿Qué papel deben cumplir los medios públicos en una democracia?
El artículo 20 de la Constitución Política garantiza la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, pero también reconoce la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial.
Por eso, cuando una emisora pública llega a territorios donde existen pocas alternativas informativas, su importancia no puede medirse únicamente por el número de personas que la escuchan.
Una emisora territorial puede convertirse en puente entre una comunidad y el Estado; puede informar sobre una emergencia, denunciar una necesidad, divulgar una decisión administrativa, visibilizar a una organización comunitaria o simplemente permitir que una población escuche su propia voz.
Ese es, precisamente, el valor que está en juego.
¿Reorganización o riesgo para la información territorial?
La suspensión de agosto no terminó con el cierre definitivo de las Emisoras de Paz. La decisión judicial tampoco encontró demostrada una vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Pero los cuestionamientos de la FLIP y de la Defensoría del Pueblo muestran que el asunto no puede reducirse a una discusión administrativa.
La radio pública tiene una responsabilidad particular: garantizar que las regiones también puedan hablarle al país y que el país pueda escucharlas.
Por eso, más que preguntar solamente si hubo censura, conviene mantener abierta una pregunta todavía más profunda:
¿Puede existir una verdadera democracia informativa si las comunidades pierden la posibilidad de producir y difundir desde sus propios territorios la información que les afecta?
La respuesta a esa pregunta no corresponde únicamente al Gobierno de turno.
Corresponde a toda la sociedad colombiana.
lunes, 7 de septiembre de 2026
Hacienda Los Molinos: comunidad reclama devolución de cobros que atribuye a errores del Acueducto
Habitantes de Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, realizarán este 8 de septiembre un plantón para reclamar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) la devolución de dineros que, según denuncian, habrían sido cobrados de más en sus facturas.
La situación se originó a partir de una respuesta de la EAAB a un derecho de petición, en la que, según la información divulgada, la Empresa habría reconocido inconsistencias en el cálculo de los subsidios correspondientes a usuarios del sector.
De acuerdo con la denuncia, aunque la EAAB actualizó el número de unidades habitacionales de algunos predios, el sistema de facturación no habría aplicado de manera correcta el subsidio correspondiente al estrato 2, ocasionando diferencias en los valores cobrados.
La información conocida señala que los ajustes superarían los 30 millones de pesos y comprometerían más de 125 cuentas contrato, con casos individuales en los que el valor a ajustar superaría los 900.000 pesos por familia.
Una comunidad que reclama respuestas
Hacienda Los Molinos es un sector de origen informal de Rafael Uribe Uribe. Sus habitantes han manifestado históricamente dificultades relacionadas con la prestación de los servicios públicos y, según la denuncia, buena parte de la comunidad utiliza redes construidas por los propios residentes para acceder al agua.
Para los habitantes afectados, el problema no se limita al valor económico de las facturas. También cuestionan que hayan tenido que descubrir por iniciativa propia una situación que, según consideran, debió ser identificada oportunamente por la Empresa.
La concejala Rocío Dussán, quien ha asumido la denuncia y anunció acciones de control político, sostiene que la EAAB debe explicar cuántos usuarios fueron afectados, cuánto dinero se habría cobrado de más y cuál será el mecanismo para realizar los ajustes o devoluciones correspondientes.
Dussán también ha anunciado una solicitud de información para establecer si situaciones similares se presentaron en otros sectores de Bogotá.
Plantón y firmatón
Como parte de las acciones anunciadas, la concejala y habitantes del sector promoverán mañana una firmatón y un plantón frente a la situación denunciada, con el propósito de solicitar a la EAAB respuestas y medidas concretas frente a los posibles cobros realizados de manera incorrecta.
La comunidad reclama que, si se confirma que hubo cobros superiores a los que correspondían, los recursos sean reconocidos y devueltos en su totalidad a las familias afectadas, de acuerdo con los procedimientos que establezca la Empresa.
Por ahora, corresponde a la EAAB precisar oficialmente el alcance de la situación, el número total de cuentas afectadas, los valores involucrados y la forma en que se realizarán los ajustes.
Notas de Acción continuará atento al desarrollo del plantón y a las respuestas que entreguen tanto la Empresa de Acueducto como las autoridades distritales y la comunidad de Hacienda Los Molinos.
sábado, 29 de agosto de 2026
LOS QUE VUELVEN A ROCK AL PARQUE 2026:
Por: Cristian Albeiro Pulido Melo. @cristianpulidomelo - michincalceta@gmail.com
Treinta años regresan al Simón Bolívar
El cartel ya empezó
Rock al Parque ya tiene fecha, lugar y buena parte de su ruido anunciado. El 10, 11 y 12 de octubre de 2026, el Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá la edición número 30 del festival. La entrada será gratuita y el cartel reúne a más de sesenta agrupaciones de distintos países y escenas. Todavía faltan horarios por tarima y otros detalles, pero Bogotá ya empezó a hacer lo de siempre: discutir.
—¿Usted sí se va a ver a Mon Laferte?
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| Mon Laferte |
—Falta metal.
—No, marica, mire ese poco de bandas.
Tan pronto circuló el cartel, comenzaron las rutas imaginarias. Uno hace captura de pantalla, otro marca nombres, alguien declara que solo irá por dos bandas y otro ya está armando parche. Yo lo abrí y no vi únicamente programación: vi años.
No puedo contar los treinta años de Rock al Parque porque llegué tarde a esa historia. Mi primer festival fue en 2005. Tenía diecisiete años, pelo largo, uñas negras y la brillante idea de llegar hasta la primera valla. Ese año tocaban Apocalyptica e I.R.A. Con Mayli, mi novia de entonces, quedamos apretados contra una multitud que empujaba desde atrás mientras unos tipos con chelos hacían sonar el metal desde un lugar que yo no había imaginado. Ella empezó a quedarse sin aire. Unos desconocidos abrieron espacio. Respiró. Seguimos.
El Simón Bolívar que recuerdo de entonces también tenía otra escala para mi cuerpo. Yo no veía operación, infraestructura ni logística: veía una tarima enorme al fondo y una sola tarea, llegar lo más adelante posible. Aquella edición abrió por primera vez con más de cuarenta mil personas y terminó reuniendo alrededor de 210 mil asistentes durante los tres días. Yo no sabía nada de esas cifras. Lo que conocía era la presión de una valla contra el abdomen, el calor de otros cuerpos pegados a la espalda y la música golpeando desde adelante.
Veintiún años después, Apocalyptica e I.R.A. vuelven a estar en el cartel.
“Hay bandas que uno vuelve a escuchar y le devuelven una edad completa.”
Una ciudad dentro del archivo
En 2007 vi a Los Bunkers. Yo venía metido en el metal, el hardcore y el rock pesado, y ellos me movieron el piso: melodía, atmósfera, amor, política, tristeza; una puesta en escena que iba más allá de tocar canciones. Ese Rock al Parque también quedó marcado por una granizada que suspendió la primera jornada: Bogotá recordándonos que aquí el clima también programa.
En 2008 llegó Gondwana. El reggae todavía podía sentirse extraño dentro de las fronteras mentales de algunos rockeros. A mí me abrió otra puerta: brincar, sí, pero también bajar revoluciones, pensar en el amor, en la espiritualidad y en una vida menos acelerada. Los he escuchado después en Bogotá, pero en 2026 vuelven como maestros.
I.R.A. y Skampida aparecen en varios momentos de esa memoria. Su recurrencia dice algo del propio festival: algunas bandas dejan de sentirse invitadas y se vuelven parte de la casa. I.R.A. mostró otras formas de habitar el punk y el hardcore, otra relación con el mosh y con el cuerpo. Skampida tiene una pedagogía más sencilla: suena el brass y uno cambia de ruta. Puede estar comprando una camiseta o terminando una cerveza, escuchar que arrancaron en otra tarima y pensar: “vamos solo un rato”. Después termina brincando.
El parque también se recuerda por debajo de la música. Por el olor de la tierra recién abierta por la lluvia y el pasto convertido en barro; por la cerveza, el cigarrillo y la comida mezclándose en el mismo aire; por ese bajo que uno alcanza a sentir desde lejos antes incluso de reconocer qué banda está tocando. Hay tardes en que el pantalón se va humedeciendo desde abajo y los zapatos pesan cada vez más. El cuerpo también aprende el mapa: sabe cuánto falta para otra tarima por el cansancio de las piernas, no por los avisos.
Desorden Público me devuelve a 2015: amigos, muchachos de procesos de formación, ska, cerveza, marihuana, política y una sensación fuerte de reencuentro. Mon Laferte me lleva a 2017 y a otra clase de aprendizaje. Llegué prejuicioso y salí callado. No conocía bien sus canciones, pero su voz, su cuerpo y su capacidad performática me desmontaron el sesgo que traía. A veces uno va a Rock al Parque a descubrir que estaba equivocado.
“Cada asistente fabrica un festival distinto con el mismo mapa.”
Los maestros vuelven
Mientras yo vivía en Medellín, Bogotá siguió haciendo su festival.
Y eso también modifica una relación. Durante esos años Rock al Parque pasó de ser una cita a la que iba, a convertirse en algo que miraba desde lejos: aparecía el cartel, veía las fotos, escuchaba quién había tocado, quién la había roto, quién había decepcionado. Había algo extraño en saber que el Simón Bolívar estaba lleno y yo estaba en otra ciudad. Uno descubre que también puede extrañar un festival.
Pero Medellín me enseñó a mirar ese tipo de eventos desde otro sitio. Allí entré con mayor profundidad en la producción, la gestión y la creación alrededor de grandes encuentros musicales, especialmente Altavoz. Empecé a ver lo que antes permanecía detrás del escenario: tiempos, pruebas, desplazamientos, técnicos, artistas esperando, cables, camerinos, montaje, desmontaje. Cuando regresé a Rock al Parque ya no podía mirar una tarima únicamente desde adelante.
Cuando regresé en 2022 encontré un Rock al Parque más amplio, capaz de poner en escena cruces que años atrás parecían menos naturales. Y el propio festival regresaba también después de más de tres años de ausencia: dos fines de semana, cuatro jornadas, tres tarimas, 87 agrupaciones y más de 300 mil asistentes. La escala ya no era solo una impresión. La ciudad temporal se había ensanchado.
Allí escuché a Lucio Feuillet y esa conversación entre rock, músicas tradicionales, territorio y memoria latinoamericana. La frontera se había movido.
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| El rockero mayor |
Y también ha cambiado la materialidad del festival. Para hacerse una idea: la edición de 2025 necesitó 18 días continuos de montaje, más de 400 toneladas de equipos técnicos, más de 300 camiones y más de dos mil personas trabajando para levantar sus tres escenarios y toda la operación que los rodeaba. Para los treinta años ya se anuncia, además, un nuevo escenario de experiencias.
A los diecisiete años yo quería llegar a la valla y quedarme ahí. Ahora miro el mapa, calculo distancias, sé cuándo correr y cuándo no vale la pena. Uno también puede medir veinte años de festival en las rodillas, la espalda y la cantidad de parque que está dispuesto a atravesar para alcanzar otra tarima.
Yo nunca he vivido Rock al Parque como una planilla que haya que completar. Soy selectivo. Paso mucho tiempo en los puestos de comida, la cerveza, la feria, encontrando gente y caminando. Si una tarima no me interesa, me voy. Este año probablemente caminaré todavía más: hay demasiados reencuentros distribuidos por el parque. Y entre uno y otro quiero escuchar también nombres que hoy no significan nada para mí. Sería bastante triste llegar a la edición 30 convertido en el señor que solo persigue sus recuerdos.
Octubre todavía no ocurre
Para quien quiera ir, lo confirmado es sencillo: sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre, Parque Metropolitano Simón Bolívar, Bogotá, entrada gratuita. Los horarios y las condiciones finales de acceso deberán revisarse en los canales oficiales cuando sean publicados.
Lo demás pertenece al conocimiento acumulado de cualquier sobreviviente del Simón Bolívar: zapatos cómodos, nada de correas, impermeable, protector solar, transporte público, cuidar el celular y llegar con tiempo. Bogotá puede ofrecer sol, aguacero y barro en la misma tarde con una eficiencia admirable.
Pero uno también llega al festival antes de atravesar la entrada. Empieza en la masa que camina hacia el parque, en las camisetas negras que empiezan a multiplicarse en los buses y en el sonido que, a medida que uno se acerca, va apareciendo por encima del tráfico. Adentro, las frecuencias de las distintas tarimas se mezclan mientras uno camina. Después de la lluvia, el parque huele a tierra removida, pasto triturado y ropa mojada.
Y al cerrar la noche ocurre el movimiento contrario. Miles de cuerpos salen por la calle 63, buscan la Avenida 68, se separan en grupos, preguntan por el TransMilenio, llaman un carro, se despiden, siguen cantando. El volumen del escenario va quedando atrás, pero durante un rato todavía se siente algo en el pecho y en los oídos. La ciudad vuelve a tragarse al festival persona por persona.
No hace falta intentar escuchar todo. Marque las bandas que de verdad no quiere perderse, pero deje huecos. Coma. Camine. Mire los puestos. Hable con desconocidos. Permita que una tarima le arruine el itinerario. En Rock al Parque, perder el plan puede ser la mejor parte del plan.
El festival todavía no ha empezado y, sin embargo, la ciudad ya está recordando.
En octubre sabremos qué sobrevivió en esas canciones, qué cambiaron los músicos y qué cambió en nosotros. Por ahora queda la invitación: volver al Simón Bolívar y comprobar, cuerpo presente, si la música que guardó nuestras edades todavía sabe dónde tocarnos.



















