lunes, 28 de septiembre de 2026
jueves, 10 de septiembre de 2026
HACIENDA LOS MOLINOS RECLAMA SOLUCIÓN POR COBROS DEL ACUEDUCTO
Habitantes del barrio Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, realizaron un plantón para exigir al Acueducto de Bogotá una solución frente a los cobros que consideran injustificados y la devolución de los dineros pagados en exceso.
La jornada se cumplió como estaba prevista y tuvo como propósito llamar la atención de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sobre la situación que, según los habitantes, ha afectado económicamente a varias familias del sector.
De acuerdo con un comunicado de la oficina de prensa de la concejala Rocío Dussán, la EAAB reconoció que su sistema presentó errores en el cálculo de los subsidios, situación que habría generado cobros superiores a los que correspondían en más de 125 cuentas contrato del barrio.
Según la misma información, los ajustes reconocidos por la Empresa superarían los 30 millones de pesos, mientras que en algunos casos los valores correspondientes a cada familia superarían los 900.000 pesos
Un barrio con particulares condiciones
Hacienda Los Molinos es señalado en el comunicado como un asentamiento de origen informal. De acuerdo con lo expuesto, sus habitantes no cuentan con una prestación formal del servicio de alcantarillado y reciben el agua mediante redes comunitarias construidas por ellos mismos, utilizando mangueras y conexiones artesanales.
En este contexto, los habitantes cuestionan que se hayan presentado errores en la facturación relacionados con el cálculo de los subsidios.
El problema con los subsidios
En respuesta a un derecho de petición, la EAAB habría reconocido que actualizó correctamente el número de unidades habitacionales de los predios. Sin embargo, según la respuesta citada por la concejala, el sistema no calculó correctamente el subsidio correspondiente al estrato 2.
Esto habría ocasionado que algunas facturas fueran liquidadas aplicando el subsidio y otras sin tenerlo en cuenta.
El documento relacionaría cerca de 30 millones de pesos en ajustes, correspondientes a más de 125 cuentas contrato, con casos individuales superiores a los 900.000 pesos.
Reclamo de los habitantes
Los residentes del sector denunciaron la situación y manifestaron su inconformidad por haber realizado pagos durante meses sin conocer que se estaban presentando inconsistencias.
“Llevábamos meses pagando de más sin que nadie nos explicara nada”, manifestó un habitante del barrio.
Otra residente reclamó la devolución completa de los recursos: “Queremos que nos devuelvan hasta el último peso, no un descuento a medias”.
Control político
La concejala Rocío Dussán anunció que realizará control político sobre el caso y solicitará a la EAAB un informe completo que permita establecer cuántas familias fueron afectadas en toda Bogotá y no solamente en Hacienda Los Molinos.
También solicitará explicaciones sobre las razones por las cuales se produjo la falla en el sistema de facturación y durante cuánto tiempo se presentó la situación.
“Devolver lo cobrado de más no puede depender de que el ciudadano descubra el error; la Empresa tiene que decirle a Bogotá cuántas familias fueron afectadas, cuánto dinero les debe y cuándo y cómo lo va a devolver”, afirmó la concejala.
Dussán también manifestó que los recursos de los usuarios no deberían permanecer en las cuentas del Distrito cuando correspondan a cobros realizados de manera incorrecta.
La exigencia
miércoles, 9 de septiembre de 2026
¿Una sola voz desde el gobierno?
Las decisiones que inquietan a la prensa colombiana
Bogotá. Una pregunta comienza a tomar fuerza en distintos sectores del periodismo colombiano: ¿está el nuevo Gobierno modificando su relación con los medios de comunicación hasta el punto de restringir el acceso de la prensa a sus funcionarios y reducir los espacios para las preguntas?
La inquietud no surge de un solo episodio. En las últimas semanas se han producido varias decisiones y anuncios que, vistos por separado, pueden tener explicaciones administrativas o empresariales, pero que juntos han abierto un debate sobre la libertad de información y el papel de los medios en una democracia.
Uno de los primeros episodios fue la suspensión temporal de la programación regional e informativa de las 20 Emisoras de Paz. Desde el 18 de agosto esas emisoras dejaron temporalmente sus contenidos habituales y pasaron a una programación centralizada. La medida generó cuestionamientos de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, la MOE y AMARC.
Posteriormente, 16 de esas emisoras retomaron su programación local desde el 7 de septiembre, aunque bajo una nueva denominación: Emisoras de la Reconciliación. La propia administración de Inravisión sostiene que la renovación busca fortalecer la relación con las comunidades, la participación y la construcción de paz.
Es decir, no puede afirmarse que las emisoras hayan sido definitivamente silenciadas. Pero tampoco puede ignorarse que durante varias semanas las comunidades perdieron sus espacios habituales de producción y difusión de información territorial.
Una nueva controversia: ¿quién puede preguntar?
El segundo episodio es quizá más delicado.
Una investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló el contenido de un acta de reuniones entre responsables de comunicaciones de diferentes ministerios y la oficina de comunicaciones de la Presidencia.
Según esa publicación, se impartieron instrucciones para que, por el momento, no se concedieran ruedas de prensa ni entrevistas a medios considerados “no amigos”, salvo cuando se tratara de asuntos estratégicos previamente autorizados por la Presidencia.
La misma directriz habría establecido que los ministros podrían hacer declaraciones durante eventos y recorridos oficiales, pero sin responder preguntas de los periodistas. También se habría restringido la participación de viceministros como voceros del Gobierno.
De confirmarse plenamente el alcance de estas instrucciones, el asunto tendría una dimensión que va más allá de una estrategia de comunicación institucional.
Porque una cosa es que un Gobierno organice sus mensajes y determine quiénes serán sus voceros. Y otra muy diferente es seleccionar a qué medios se les permite preguntar y cuáles quedan excluidos por no ser considerados “amigos”.
La diferencia es sustancial.
La comunicación como mensaje controlado
La investigación periodística también señala que la Presidencia habría establecido una narrativa común para las comunicaciones gubernamentales, con expresiones destinadas a transmitir esperanza, reconstrucción y la idea de una “Patria Milagro”.
Además, los ministerios deberían canalizar su información mediante sus cuentas institucionales y someter determinados contenidos a una cadena de revisión antes de su divulgación.
Una estrategia de comunicación coordinada no es, por sí misma, antidemocrática. Todos los gobiernos tienen derecho a organizar su comunicación institucional.
El problema aparece cuando la coordinación se convierte en control de las preguntas, selección de periodistas o exclusión de medios por razones políticas.
Ahí la discusión deja de ser solamente comunicativa y entra directamente en el terreno de la libertad de prensa.
¿Y Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo?
La denuncia también menciona la salida del aire de las periodistas Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo.
Aquí es necesario hacer una precisión fundamental.
Ambas hacían parte de Mañanas Blu, programa de Blu Radio. La programación continuó hasta finales de agosto y existen registros del programa conducido por Zuluaga hasta el 31 de agosto.
Por tratarse de un medio privado, no sería correcto afirmar sin pruebas que el Gobierno las “sacó del aire”.
Podrían existir presiones políticas, decisiones empresariales, razones económicas, cambios de programación u otras circunstancias. Para establecer una relación causal con el Gobierno sería necesario contar con pruebas concretas.
La prudencia periodística exige, por ahora, mantener ese asunto como una pregunta abierta y no como una conclusión.
El debate que no podemos eludir
Hay, sin embargo, una cuestión que permanece.
La Constitución colombiana protege la libertad de expresión y el derecho a informar y recibir información. En una democracia, la relación entre Gobierno y periodistas no debería depender de la simpatía política del medio.
El periodista no está para ser amigo del Gobierno.
Está para preguntar.
Y precisamente porque puede incomodar, cuestionar, confrontar cifras, investigar decisiones y poner en duda las versiones oficiales, la prensa cumple una función democrática que no puede sustituirse por comunicados institucionales ni por mensajes cuidadosamente preparados.
Un Gobierno puede decidir quién habla en su nombre.
Lo que resulta mucho más problemático es que pretenda decidir quién puede preguntarle.
¿Estamos ante un intento de controlar la información?
Todavía sería apresurado afirmar que Colombia se encuentra ante una política sistemática de censura.
Pero tampoco sería responsable ignorar las señales que están apareciendo.
La suspensión temporal de la programación territorial de las Emisoras de Paz, la profunda reestructuración del sistema de medios públicos y, especialmente, las directrices reveladas sobre el relacionamiento con medios considerados “no amigos” justifican que periodistas, organizaciones de libertad de prensa y ciudadanía mantengan una vigilancia democrática sobre la actuación del Gobierno.
La pregunta no debería ser si un Gobierno tiene derecho a defenderse de medios críticos.
Naturalmente que lo tiene.
La verdadera pregunta es otra:
¿Puede un Gobierno democrático escoger qué periodistas tienen derecho a preguntar y cuáles deben limitarse a escuchar?
La respuesta debería preocuparnos a todos, independientemente de la posición política.
Porque la democracia no consiste en que el Gobierno hable y los ciudadanos escuchen.
La democracia necesita múltiples voces, preguntas incómodas, contradicción, investigación y acceso a información diversa.
Cuando solamente una voz decide qué se informa, quién lo informa y qué preguntas pueden hacerse, el problema ya no pertenece solamente a los periodistas.
Pertenece a toda la sociedad.
Y por eso esta discusión merece continuar, con hechos comprobables, documentos sobre la mesa y sin convertir la defensa de la libertad de prensa en una bandera partidista.
Porque la libertad de informar no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Pertenece a la ciudadanía.
EMISORAS DE PAZ: ENTRE LA REORGANIZACIÓN OFICIAL Y EL DERECHO DE LAS REGIONES A SER ESCUCHADAS
La decisión del nuevo Sistema de Medios Públicos abrió un debate nacional sobre libertad de información, comunicación territorial y cumplimiento del Acuerdo de Paz
Bogotá. Lo que comenzó el 18 de agosto como una suspensión temporal de la programación habitual de las Emisoras de Paz terminó convirtiéndose en uno de los primeros grandes debates sobre libertad de información durante el nuevo Gobierno.
La medida fue impartida por la nueva administración de Inravisión —antes RTVC—, encabezada por Ángela María Mora Soto. La instrucción había sido comunicada el 17 de agosto y significó que las 20 Emisoras de Paz dejaran temporalmente sus espacios informativos, culturales, pedagógicos y regionales para transmitir una programación musical centralizada desde Bogotá. La decisión también alcanzó a 11 emisoras descentralizadas de Radio Nacional de Colombia.
No se trató, técnicamente, de un apagón de las frecuencias. Las emisoras continuaron transmitiendo. Lo que cambió fue su contenido: las voces producidas desde los territorios dejaron de ocupar temporalmente el espacio habitual en la programación.
Y allí aparece la pregunta de fondo: ¿puede una reorganización administrativa de los medios públicos terminar afectando el derecho de las comunidades a recibir información desde sus propios territorios?
Emisoras nacidas de la paz
Las 20 Emisoras de Paz no son unas emisoras públicas convencionales.
Su origen se encuentra en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz de 2016, que contempló herramientas de difusión y comunicación destinadas a fortalecer la información regional, la pedagogía sobre el Acuerdo, la convivencia y la reconciliación.
Estas emisoras fueron instaladas precisamente en territorios profundamente afectados por el conflicto armado y tienen entre sus propósitos dar espacio a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas, organizaciones sociales y procesos comunitarios.
Para la FLIP, la suspensión de la programación informativa y territorial restringió el acceso a información local de más de 463.000 personas en municipios PDET. La organización, junto con otras entidades defensoras de la libertad de prensa, reclamó el restablecimiento de la programación.
La Defensoría del Pueblo también pidió reevaluar la decisión y destacó la importancia de mantener la programación regional de estas emisoras.
¿Por qué el Gobierno tomó la decisión?
La nueva administración de Inravisión argumentó que recibió un Sistema de Medios Públicos que debía ser revisado integralmente.
Entre las medidas anunciadas estuvo la revisión de contenidos, contratos y formatos, con el propósito declarado de transformar el sistema y evitar que los medios públicos fueran utilizados como instrumento político.
La nueva administración sostuvo que la futura programación tendría como pilares la cultura, el arte y la educación, y que buscaría reconocer la diversidad regional y dar espacio a las diferentes voces del país.
El Gobierno también cuestionó aspectos administrativos y contractuales de la anterior administración. Sin embargo, una cosa es investigar posibles irregularidades y otra diferente es demostrar que las Emisoras de Paz, como tales, hayan incurrido en ellas.
Precisamente por eso, la discusión pública no puede confundirse: la revisión administrativa de un medio estatal no elimina el derecho de las comunidades a recibir información.
La alerta de quienes defienden la libertad de prensa
La Fundación para la Libertad de Prensa expresó preocupación no solamente por la suspensión de la programación, sino también por las afirmaciones de funcionarios y dirigentes políticos que calificaron las Emisoras de Paz como instrumentos de propaganda de las antiguas FARC o del ELN.
La FLIP advirtió que este tipo de señalamientos puede estigmatizar a periodistas y comunidades y aumentar los riesgos para quienes trabajan en regiones afectadas históricamente por la violencia.
El entonces director de Radio Nacional de Colombia, Alexei Castaño, también defendió públicamente la importancia de la radio pública territorial, especialmente en momentos de emergencia, cuando la comunicación con las regiones puede ser determinante para las comunidades.
La justicia intervino
El debate llegó a los tribunales.
El senador Iván Cepeda promovió una acción de tutela argumentando una posible vulneración de los derechos a la libertad de expresión, información y paz.
El Juzgado 32 de Ejecución de Penas de Bogotá, sin embargo, negó la tutela. Según la información divulgada por el Ministerio TIC y por Inravisión, el despacho consideró que no existió un acto administrativo destinado a eliminar o clausurar las Emisoras de Paz, que las señales nunca dejaron de transmitirse y que el cambio correspondió a un esquema transitorio de reorganización de la programación.
Este elemento es fundamental: la justicia no calificó la medida como censura.
Por ello, periodísticamente no sería correcto afirmar que quedó demostrado que el Gobierno incurrió en censura.
Pero tampoco desaparece la discusión sobre el derecho a la información.
Las emisoras regresaron, pero con otro nombre
La situación tuvo una nueva modificación en septiembre.
Desde el 7 de septiembre, 16 estaciones que anteriormente eran conocidas como Emisoras de Paz comenzaron una nueva etapa bajo el nombre “Emisoras de la Reconciliación”, con programación local renovada, según informó oficialmente Inravisión.
Sin embargo, cuatro estaciones —Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta— quedaron sometidas a un cese de emisión debido, según la explicación oficial, a problemas relacionados con los requisitos legales de sus concesiones.
Inravisión sostiene que esas cuatro emisoras fueron puestas en funcionamiento en 2024 sin que hubiera culminado el trámite de las concesiones correspondientes y que permanecerán fuera del aire hasta que se subsane la situación jurídica.
El verdadero debate
Más allá de la disputa política entre el Gobierno anterior y el actual, existe una pregunta que interesa a todos los colombianos:
¿Qué papel deben cumplir los medios públicos en una democracia?
El artículo 20 de la Constitución Política garantiza la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, pero también reconoce la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial.
Por eso, cuando una emisora pública llega a territorios donde existen pocas alternativas informativas, su importancia no puede medirse únicamente por el número de personas que la escuchan.
Una emisora territorial puede convertirse en puente entre una comunidad y el Estado; puede informar sobre una emergencia, denunciar una necesidad, divulgar una decisión administrativa, visibilizar a una organización comunitaria o simplemente permitir que una población escuche su propia voz.
Ese es, precisamente, el valor que está en juego.
¿Reorganización o riesgo para la información territorial?
La suspensión de agosto no terminó con el cierre definitivo de las Emisoras de Paz. La decisión judicial tampoco encontró demostrada una vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Pero los cuestionamientos de la FLIP y de la Defensoría del Pueblo muestran que el asunto no puede reducirse a una discusión administrativa.
La radio pública tiene una responsabilidad particular: garantizar que las regiones también puedan hablarle al país y que el país pueda escucharlas.
Por eso, más que preguntar solamente si hubo censura, conviene mantener abierta una pregunta todavía más profunda:
¿Puede existir una verdadera democracia informativa si las comunidades pierden la posibilidad de producir y difundir desde sus propios territorios la información que les afecta?
La respuesta a esa pregunta no corresponde únicamente al Gobierno de turno.
Corresponde a toda la sociedad colombiana.
lunes, 7 de septiembre de 2026
Hacienda Los Molinos: comunidad reclama devolución de cobros que atribuye a errores del Acueducto
Habitantes de Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, realizarán este 8 de septiembre un plantón para reclamar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) la devolución de dineros que, según denuncian, habrían sido cobrados de más en sus facturas.
La situación se originó a partir de una respuesta de la EAAB a un derecho de petición, en la que, según la información divulgada, la Empresa habría reconocido inconsistencias en el cálculo de los subsidios correspondientes a usuarios del sector.
De acuerdo con la denuncia, aunque la EAAB actualizó el número de unidades habitacionales de algunos predios, el sistema de facturación no habría aplicado de manera correcta el subsidio correspondiente al estrato 2, ocasionando diferencias en los valores cobrados.
La información conocida señala que los ajustes superarían los 30 millones de pesos y comprometerían más de 125 cuentas contrato, con casos individuales en los que el valor a ajustar superaría los 900.000 pesos por familia.
Una comunidad que reclama respuestas
Hacienda Los Molinos es un sector de origen informal de Rafael Uribe Uribe. Sus habitantes han manifestado históricamente dificultades relacionadas con la prestación de los servicios públicos y, según la denuncia, buena parte de la comunidad utiliza redes construidas por los propios residentes para acceder al agua.
Para los habitantes afectados, el problema no se limita al valor económico de las facturas. También cuestionan que hayan tenido que descubrir por iniciativa propia una situación que, según consideran, debió ser identificada oportunamente por la Empresa.
La concejala Rocío Dussán, quien ha asumido la denuncia y anunció acciones de control político, sostiene que la EAAB debe explicar cuántos usuarios fueron afectados, cuánto dinero se habría cobrado de más y cuál será el mecanismo para realizar los ajustes o devoluciones correspondientes.
Dussán también ha anunciado una solicitud de información para establecer si situaciones similares se presentaron en otros sectores de Bogotá.
Plantón y firmatón
Como parte de las acciones anunciadas, la concejala y habitantes del sector promoverán mañana una firmatón y un plantón frente a la situación denunciada, con el propósito de solicitar a la EAAB respuestas y medidas concretas frente a los posibles cobros realizados de manera incorrecta.
La comunidad reclama que, si se confirma que hubo cobros superiores a los que correspondían, los recursos sean reconocidos y devueltos en su totalidad a las familias afectadas, de acuerdo con los procedimientos que establezca la Empresa.
Por ahora, corresponde a la EAAB precisar oficialmente el alcance de la situación, el número total de cuentas afectadas, los valores involucrados y la forma en que se realizarán los ajustes.
Notas de Acción continuará atento al desarrollo del plantón y a las respuestas que entreguen tanto la Empresa de Acueducto como las autoridades distritales y la comunidad de Hacienda Los Molinos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)