¿Una sola voz desde el gobierno?

  

Las decisiones que inquietan a la prensa colombiana

Bogotá. Una pregunta comienza a tomar fuerza en distintos sectores del periodismo colombiano: ¿está el nuevo Gobierno modificando su relación con los medios de comunicación hasta el punto de restringir el acceso de la prensa a sus funcionarios y reducir los espacios para las preguntas?

La inquietud no surge de un solo episodio. En las últimas semanas se han producido varias decisiones y anuncios que, vistos por separado, pueden tener explicaciones administrativas o empresariales, pero que juntos han abierto un debate sobre la libertad de información y el papel de los medios en una democracia.

Uno de los primeros episodios fue la suspensión temporal de la programación regional e informativa de las 20 Emisoras de Paz. Desde el 18 de agosto esas emisoras dejaron temporalmente sus contenidos habituales y pasaron a una programación centralizada. La medida generó cuestionamientos de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, la MOE y AMARC.

Posteriormente, 16 de esas emisoras retomaron su programación local desde el 7 de septiembre, aunque bajo una nueva denominación: Emisoras de la Reconciliación. La propia administración de Inravisión sostiene que la renovación busca fortalecer la relación con las comunidades, la participación y la construcción de paz.

Es decir, no puede afirmarse que las emisoras hayan sido definitivamente silenciadas. Pero tampoco puede ignorarse que durante varias semanas las comunidades perdieron sus espacios habituales de producción y difusión de información territorial.

Una nueva controversia: ¿quién puede preguntar?

El segundo episodio es quizá más delicado.

Una investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló el contenido de un acta de reuniones entre responsables de comunicaciones de diferentes ministerios y la oficina de comunicaciones de la Presidencia.

Según esa publicación, se impartieron instrucciones para que, por el momento, no se concedieran ruedas de prensa ni entrevistas a medios considerados “no amigos”, salvo cuando se tratara de asuntos estratégicos previamente autorizados por la Presidencia.

La misma directriz habría establecido que los ministros podrían hacer declaraciones durante eventos y recorridos oficiales, pero sin responder preguntas de los periodistas. También se habría restringido la participación de viceministros como voceros del Gobierno.

De confirmarse plenamente el alcance de estas instrucciones, el asunto tendría una dimensión que va más allá de una estrategia de comunicación institucional.

Porque una cosa es que un Gobierno organice sus mensajes y determine quiénes serán sus voceros. Y otra muy diferente es seleccionar a qué medios se les permite preguntar y cuáles quedan excluidos por no ser considerados “amigos”.

La diferencia es sustancial.

La comunicación como mensaje controlado

La investigación periodística también señala que la Presidencia habría establecido una narrativa común para las comunicaciones gubernamentales, con expresiones destinadas a transmitir esperanza, reconstrucción y la idea de una “Patria Milagro”.

Además, los ministerios deberían canalizar su información mediante sus cuentas institucionales y someter determinados contenidos a una cadena de revisión antes de su divulgación.

Una estrategia de comunicación coordinada no es, por sí misma, antidemocrática. Todos los gobiernos tienen derecho a organizar su comunicación institucional.

El problema aparece cuando la coordinación se convierte en control de las preguntas, selección de periodistas o exclusión de medios por razones políticas.

Ahí la discusión deja de ser solamente comunicativa y entra directamente en el terreno de la libertad de prensa.

¿Y Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo?

La denuncia también menciona la salida del aire de las periodistas Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo.

Aquí es necesario hacer una precisión fundamental.

Ambas hacían parte de Mañanas Blu, programa de Blu Radio. La programación continuó hasta finales de agosto y existen registros del programa conducido por Zuluaga hasta el 31 de agosto.

Por tratarse de un medio privado, no sería correcto afirmar sin pruebas que el Gobierno las “sacó del aire”.

Podrían existir presiones políticas, decisiones empresariales, razones económicas, cambios de programación u otras circunstancias. Para establecer una relación causal con el Gobierno sería necesario contar con pruebas concretas.

La prudencia periodística exige, por ahora, mantener ese asunto como una pregunta abierta y no como una conclusión.

El debate que no podemos eludir

Hay, sin embargo, una cuestión que permanece.

La Constitución colombiana protege la libertad de expresión y el derecho a informar y recibir información. En una democracia, la relación entre Gobierno y periodistas no debería depender de la simpatía política del medio.

El periodista no está para ser amigo del Gobierno.

Está para preguntar.

Y precisamente porque puede incomodar, cuestionar, confrontar cifras, investigar decisiones y poner en duda las versiones oficiales, la prensa cumple una función democrática que no puede sustituirse por comunicados institucionales ni por mensajes cuidadosamente preparados.

Un Gobierno puede decidir quién habla en su nombre.

Lo que resulta mucho más problemático es que pretenda decidir quién puede preguntarle.

¿Estamos ante un intento de controlar la información?

Todavía sería apresurado afirmar que Colombia se encuentra ante una política sistemática de censura.

Pero tampoco sería responsable ignorar las señales que están apareciendo.

La suspensión temporal de la programación territorial de las Emisoras de Paz, la profunda reestructuración del sistema de medios públicos y, especialmente, las directrices reveladas sobre el relacionamiento con medios considerados “no amigos” justifican que periodistas, organizaciones de libertad de prensa y ciudadanía mantengan una vigilancia democrática sobre la actuación del Gobierno.

La pregunta no debería ser si un Gobierno tiene derecho a defenderse de medios críticos.

Naturalmente que lo tiene.

La verdadera pregunta es otra:

¿Puede un Gobierno democrático escoger qué periodistas tienen derecho a preguntar y cuáles deben limitarse a escuchar?

La respuesta debería preocuparnos a todos, independientemente de la posición política.

Porque la democracia no consiste en que el Gobierno hable y los ciudadanos escuchen.

La democracia necesita múltiples voces, preguntas incómodas, contradicción, investigación y acceso a información diversa.

Cuando solamente una voz decide qué se informa, quién lo informa y qué preguntas pueden hacerse, el problema ya no pertenece solamente a los periodistas.

Pertenece a toda la sociedad.

Y por eso esta discusión merece continuar, con hechos comprobables, documentos sobre la mesa y sin convertir la defensa de la libertad de prensa en una bandera partidista.

Porque la libertad de informar no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Pertenece a la ciudadanía.